Guardaespaldas desarmados: la protección disuasoria para más de 800 defensores de los derechos humanos en Colombia

La mayor parte de los conflictos armados en Colombia comenzaron a transformarse en malos recuerdos en 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz entre el gobierno y las guerrillas de las FARC-EP. Sin embargo, la violencia en el país sigue presente, según señala la organización Brigadas Internacionales de Paz (PBI), que apunta que las cifras de agresiones contra personas defensoras de los derechos humanos aumentaron “de forma progresiva a lo largo de los tres años que siguieron a la firma del acuerdo: se alcanzaron los 1.000 asesinatos hasta el 21 de agosto de 2020”.

PBI destaca que Colombia es “el país de América Latina donde se asesinan a más personas defensoras de derechos humanos. Las amenazas se han disparado en un contexto de altos índices de impunidad, como señala el informe del que fuera relator especial de la ONU, Michel Forst, hasta mayo de 2020”.

PBI Colombia acompaña a 870 personas defensoras de los derechos humanos

Para proteger a quienes trabajan por los derechos humanos en Colombia, esta organización ofrece acompañamiento como protección a organizaciones, comunidades y personas. La Junta de Extremadura, a través de la AEXCID, desembolsó 140.524 euros de Ayuda Oficial al Desarrollo en 2018 para apoyar a esta entidad y que pudiera continuar su labor en el país americano a través de un proyecto, que acompaña de forma directa a 870 personas defensoras de derechos humanos (439 mujeres y 410 hombres), y a 179.610 personas de forma indirecta.

Este acompañamiento es “fundamental” para PBI. Las actividades que realizan las organizaciones y comunidades están asociadas “a un alto riesgo, ya sea por la complejidad de las regiones donde se llevan a cabo o por los temas que abordan”.

Desde sus inicios, en 1994, PBI Colombia realiza estas tareas de protección. La organización considera demostrado que la combinación del acompañamiento integral y la presión internacional disuaden del uso de la violencia, y crea espacios para que las personas activistas puedan trabajar por la paz y los derechos humanos.

Según explica el sacerdote y defensor de los derechos humanos, Javier Giraldo, la idea con la presencia de PBI y su acompañamiento siempre fue “probar otro modelo de protección para las personas perseguidas que no era el modelo armado, de los guardaespaldas armados; y estos, en principio, los llamamos guardaespaldas morales porque eran guardaespaldas desarmados”.

Riesgo y vulnerabilidad ante la violencia

Brigadas Internacionales de Paz apunta que, en el contexto colombiano actual, las personas defensoras de los derechos humanos “se encuentran en una situación de alto riesgo y vulnerabilidad. Se enfrentan múltiples obstáculos para ejercer su liderazgo y defensa de los derechos humanos, y esto se traducen en diferentes tipos de violencia que impiden el libre ejercicio de su ciudadanía y sus derechos fundamentales”.

La base para ofrecer protección a estas personas se vertebra bajo cuatro ejes de acompañamiento: físico, político, mediático y apoyo a la reconstrucción del tejido social basado en la autoprotección, psicosocial y seguridad digital. “El fin último de dicho acompañamiento es fomentar la gobernabilidad de los pueblos, fortalecer el tejido social e incidir en la defensa de los derechos y medios de vida”, indica.

En el último periodo del apoyo recibido por la AEXCID, uno de los logros más destacados para PBI Colombia fue la organización de tres caravanas para visibilizar y dar protección a las comunidades desplazadas de las regiones del Bajo Cauca y el norte y nordeste de Antioquía (al oeste del país, cerca de la frontera con Panamá), que han sido “azotadas por el conflicto armado y por una crisis humanitaria caracterizada por el desplazamiento, el confinamiento y las amenazas y asesinatos a sus líderes y lideresas sociales”. También se organizaron espacios de diálogo entre la comunidad y las autoridades, algo que para PBI es “imprescindible para la construcción de una paz estable y duradera”.

El acompañamiento internacional a las caravanas humanitarias brindó la protección necesaria para que las comunidades “elaborasen y extendieran el esperanzador mensaje de que la paz se construye desde el territorio”.

36 comunidades nasa asentadas en el departamento de Putumayo viven en un contexto de violencia

Además, PBI Colombia realizó un acompañamiento político para visibilizar la situación del pueblo indígena nasa, que a su vez desarrollan mecanismos de autoprotección colectiva. Un total de 36 comunidades asentadas en Putumayo viven en un contexto de violencia. En este departamento, la presencia de actores armados ilegales, los incumplimientos del Acuerdo de Paz y las afectaciones socioambientales de empresas extractivistas “tienen un gran impacto en las comunidades nasa, que llevan años resistiendo de manera pacífica para poder permanecer en el territorio”.

Dentro de esta actividad de protección, PBI acompañó a una misión de Amnistía Internacional para visitar la Zona de Reserva Campesina y encontrarse con las comunidades nasa con el fin de conocer su realidad y cómo se organizan y mitigan sus riesgos. A través del acompañamiento, se ha permitido “visibilizar y proteger los procesos locales de resistencia, búsqueda y construcción de paz por parte de la sociedad civil en un territorio aún en disputa”.

Esperanzas de paz

En 2020 en Colombia, PBI comparte la preocupación de las organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales por la “crítica situación de seguridad de las personas defensoras de derechos humanos, que resulta en un alto número de asesinatos, agresiones y amenazas”. Pese a ello, la entidad mantiene la esperanza de que “se logrará la paz y una sociedad donde los conflictos se resolverán de manera pacífica, a través de la escucha activa y del diálogo, entre otros”.

Desde PBI, el defensor de los derechos humano Danilo Rueda agradece a los ciudadanos de Extremadura y a la AEXCID su apoyo para que la entidad «continúe sus labores de acompañamiento y pueda ejercer un papel importante en la protección de los defensores de derechos humanos y de las comunidades que habitan en territorios en los que se vive y se padece la violencia».

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